Erradicación forzada de coca no da tregua en medio de emergencia por nuevo coronavirus | ELESPECTADOR.COM

Erradicación forzada de coca no da tregua en medio de emergencia por nuevo coronavirus

26.3.2020

Erradicación forzada de coca no da tregua en medio de emergencia por nuevo coronavirus

En Putumayo y Caquetá se han intensificado los operativos contra los cultivos de coca, mientras los campesinos reclaman cumplimiento del programa de sustitución voluntaria. En el municipio de La Montañita, en medio de la tensión entre erradicadores y labriegos, el Ejército disparó contra los campesinos. MinDefensa confirmó que las acciones de erradicación no se detendrán en medio de la pandemia de COVID-19.

Un video grabado en la vereda Palestina, en La Montañita (Caquetá), registró el momento en que uniformados de la XII Brigada del Ejército disparan en medio de las protestas de los campesinos contra la erradicación forzada. Captura de video El jueves 19 de marzo, Marco Rivadeneira, un emblemático líder que promovía la sustitución voluntaria de cultivos de coca en Putumayo, fue asesinado en la vereda Nueva Granada, en el municipio de Puerto Asís. Momentos antes de su asesinato, el líder estaba reunido con comunidades del corredor Puerto Vega – Teteyé coordinando alternativas para los campesinos cultivadores que quedaron por fuera del programa de sustitución de cultivos para que su única alternativa no fuera la erradicación forzada o la fumigación con glifosato. A esa labor había dedicado sus últimos años. Tres días después, el domingo 22 de marzo, la comunidad de esa misma vereda denunció la llegada de erradicadores y miembros de la Fuerza Pública que, a través de bombas manuales, empezaron a fumigarles con glifosato sus cultivos de coca. (Vea: Crimen de un líder social: el legado de Marco Rivadeneira ) La llegada de los grupos de erradicadores a esta vereda eleva aún más los ánimos que ya están caldeados en Putumayo entre cultivadores de coca y la Fuerza Pública. Solo hace un mes, por ejemplo, en el municipio de San Miguel 21 policías y 16 erradicadores fueron retenidos por la comunidad en oposición a los operativos de erradicación forzada en ese territorio, que vienen en aumento desde finales de 2019. A la par, también aumentan las movilizaciones campesinas que han salido a las vías del departamento a exigir que cesen esos operativos. Son seis los municipios en los que avanzan en las últimas semanas las operaciones de erradicación: Villagarzón, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Asís, San Miguel y Valle del Guamuez. En todos ha habido choques entre los erradicadores y los campesinos. “Lo que se ha buscado es que llegue desde el orden nacional una comisión de alto nivel que tenga la capacidad para tomar decisiones y buscar soluciones a lo que vive el departamento”, explica Wilmar Madroñero, coordinador de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte (Cauca) y Jardines de Sucumbíos (Nariño). Pero particularmente en este momento en que el país atraviesa una pandemia por cuenta del nuevo coronavirus resulta aún más preocupante para las comunidades que se realicen los operativos de erradicación pues ello eleva el riesgo de contagio en la región. “Mientras el Gobierno habla de que no haya concentraciones, hoy en Putumayo sí las hay. Primero, por los grupos de erradicadores y de Fuerza Pública, y también por las concentraciones de gente que salen a defender su sustento diario”, dice el líder campesino. Sobre este punto en particular, el Ministerio de Defensa aseguró que esas operaciones “se desarrollan de conformidad con protocolos establecidos por el Ministerio de Salud expedidos en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19”. (Lea también: En plena pandemia de COVID-19, el Estado hace erradicación forzada en Catatumbo ) Pero mientras aumentan los operativos de erradicación, en Putumayo las comunidades enfrentan dos escenarios distintos: quienes alcanzaron a ingresar al programa nacional de sustitución de cultivos y quienes quedaron por fuera. Al primero ingresaron desde julio de 2017 unas 20.300 familias en los nueve municipios del Putumayo, que, en pocas palabras, se comprometieron a arrancar sus matas de coca a cambio de alternativas productivas sostenibles. Sin embargo, dicen hoy, las promesas que les hicieron no se las han cumplido. ¿Qué prometía el programa de sustitución? En primera medida, un Plan de Atención Inmediata (PAI), que comprende $36 millones para sostenimiento de la familia campesina, a través de un pago de $1 millón mensual por un año, un proyecto de seguridad alimentaria, asistencia técnica y un proyecto productivo de ciclo corto y otro de ciclo largo. Además, inversión social en las zonas cocaleras a través de los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo, que se conocen como Pisda. “El Gobierno no ha entendido que el PNIS no es solo un elemento. Cada vez que da informes sobre su implementación habla solo del PAI y de los pagos a las familias, pero ese es apenas un elemento de todo el programa”, reclama Madroñero. Aún así, en el caso de Putumayo, hablando únicamente del PAI el cumplimiento ha sido mínimo. (Le puede interesar: 'Gobierno traicionó a los campesinos que dejaron sus cultivos de coca': líder campesino ) De acuerdo con Yule Anzueta, diputado de Putumayo que tiene origen en el movimiento social del departamento, los pagos mensuales a las familias apenas se terminaron de entregar a finales del año pasado y en este momento se está entregando el proyecto para la seguridad alimentaria. Pero los proyectos productivos siguen en veremos, cuando ya tendrían que estar en marcha. En lo referente al Pisda la situación es más crítica. “Eso tiene que ver con todo el componente de infraestructura, toda la inversión social, las vías para comercializar los productos, electrificación, salud, vivienda, educación. Es como un plan de desarrollo para zonas cocaleras. Nada de eso se ha cumplido”, sostiene Anzueta. Incluso, el diputado llama la atención sobre la situación de 2.000 familias en el departamento que pese a estar inscritas en el programa de sustitución y haber levantado sus matas de coca, no han recibido ni siquiera el primer pago. “Toda esa situación ha hecho que a los líderes que promovimos que las familias ingresaran al programa, la comunidad nos vea como las personas que los traicionaron. Es muy delicado porque hoy la dirigencia del Putumayo estamos siendo muy cuestionados, nos ven como quienes nos prestamos para que el Gobierno los engañara”, denuncia el diputado. El Gobierno lo que ha dicho sobre estos reclamos en distintos territorios del país es que el programa estuvo mal planificado desde el Gobierno anterior y que ante las limitaciones presupuestales se están haciendo los esfuerzos posibles para cumplirles a quienes se comprometieron con la sustitución voluntaria. Frente al desarrollo social alternativo ha dicho que fortalecerá por su parte la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para gestionar las iniciativas de las comunidades desde allí. Por eso está claro para las comunidades que al programa de sustitución no ingresarán más familias y ese es justamente el otro escenario en el departamento: más de 10.000 familias que no alcanzaron a ingresar al PNIS y que hoy temen que sus únicas alternativas sean la erradicación forzada o la fumigación con glifosato que la Fuerza Pública viene aplicando vía aspersión terrestre. En el Putumayo ya han probado las consecuencias de esas estrategias. “Las erradicaciones generan una crisis para los campesinos, pero eventualmente la gente necesita seguir comiendo entonces vuelve y siembra coca y el problema no se acaba. Con las fumigaciones pasa lo mismo, solo que es peor porque el daño se le hace es a los cultivos de pancoger, ni siquiera a la misma coca porque la gente lo que hace es cortar la mata o algunos incluso han aprendido a lavar el glifosato de la hoja y en cuatro meses ya están cosechando otra vez,”, dice Anzueta. (Puede leer: Leer más: El Espectador

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