– denunció a la institución y a su titular, Raquel Sosa, ante el INAI por el uso indebido de datos personales al haber difundido su información fiscal y bancaria sin su consentimiento a través de un comunicado de prensa distribuido el pasado 24 de febrero.
Raquel Sosa, directora del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, firmó un comunicado donde dio a conocer los pagos realizados a dos exempleadas para justificar la decisión de separarlas del cargo; también los nombres y matrículas de estudiantes inconformes a quienes señala de haber tomado las instalaciones “con violencia”.
Sin embargo, en la transición han ocurrido cambios a la currícula que alteró la organización de la carrera de Derecho y a la primera generación que está por concluir. Tampoco se han aprobado reglamentos nuevos para determinar la forma de titulación.
Pero, dijeron, no se trató de una separación voluntaria sino la liquidación de la asociación civil y, por tanto, así debían ser indemnizadas bajo esa figura.– Ah, entonces a veces esos términos complican las cosas innecesariamente. Las empleadas reclamaban la forma en que ocurrió el despido “se nos dijo que era una terminación voluntaria porque seguiríamos en el organismo. Una vez que lo firmé ahora me dicen ‘ya no trabajas en el organismo’. Eso me parece una forma deshonesta”.
En la denuncia se señala que la universidad hizo un “tratamiento inadecuado e indebido de datos personales en posesión de sujetos obligados”. Si bien el Organismo coordinador de las Universidades, al ser un ente del gobierno Federal podría difundir los datos respecto a los sueldos y salarios que reciben los funcionarios públicos, en este caso hay un elemento adicional.
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