El Gobierno está estudiando la posibilidad de realizar ajustes temporales al modelo de reconocimiento de pérdidas en la región Caribe para así disminuir esta parte de la fórmula tarifaria. También contemplamos separar los cobros de alumbrado público y seguridad ciudadana, pues estos tienen un impacto alto en el valor de la factura.Las altas tarifas de la energía en el Caribe son un problema social.
La más evidente tiene que ver con la generación, pues la regulación actual permite opacidad de parte de las empresas en la fijación del precio en bolsa. Además, con el mecanismo de subasta, el precio marginador es el de la hidroeléctrica que ofrece la energía para completar la demanda. Las que ofrecieron su energía más barata terminan vendiendo al precio que puso la menos eficiente.
La fórmula tarifaria traslada parte estas pérdidas al usuario, pero esta situación se agudizó aún más con la resolución 015 de 2018, que introdujo un incentivo conocido como pérdidas adicionales. Su propósito era incentivar a los operadores de red a reducir sus pérdidas a niveles eficientes en un horizonte de 10 años. La medida contribuyó a romper el círculo vicioso de bajo recaudo y baja inversión.
En parte, las dificultades para nombrar los expertos comisionados resultan de que deben acreditar experiencia en cargos directivos en empresas del sector, de ahí que prioricen los intereses de los agentes privados. Por eso esperamos avanzar hacia un modelo regulatorio que tenga al usuario como consideración fundamental.
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