El pasado 23 de mayo, la Contraloría Distrital de Cartagena solicitó al presidente Iván Duque que suspendiera al alcalde William Dau, mientras se adelanta el proceso de responsabilidad fiscal por el contrato No. S.A-SUB-DADIS-UAC-047-2021, que tenía por objeto la adquisición de pruebas antígenas y RTPCR de laboratorio para la detección del COVID-19.
Según el ente de control local, el detrimento por estos hechos sería de aproximadamente $1.098 millones. Sin embargo, hoy la Contraloría General de la República decretó una intervención funcional excepcional sobre la Contraloría Distrital de Cartagena, y así, le quitó competencias en el mencionado proceso de responsabilidad fiscal
. La Contraloría General fundamentó su actuar con una figura legal relacionada a la duda de la imparcialidad u objetividad de la contraloría territorial. Además, subrayaron que hay una posible falta de eficiencia o efectividad en las acciones de vigilancia y control fiscal por parte de la contraloría territorial.
Su competencia es nacional y puede ejercer control sobre la gestión de cualquier entidad territorial, de conformidad con lo que reglamente la ley, especialmente en las contralorías departamentales y locales.
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