La libertad de expresión y de manifestación de las ideas en México es objeto de un ataque constante y virulento por parte del Presidente de la República, el gobierno federal en su conjunto, gobiernos estatales y municipales y el crimen organizado. El número de periodistas muertos en lo que va del sexenio lo acredita.
La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión estableció un catálogo de buenas intenciones y de cumplimiento subjetivo a los que llamó derechos de las audiencias: recibir contenidos, ideas y opiniones diversas y plurales; respetar horarios de programación y avisos parentales; derecho de réplica; que se mantenga la misma calidad de audio y video entre programas y publicidad; prohibición de cualquier tipo de discriminación; respeto a los derechos...
Adicionalmente a los principios anteriores y bajo presión de individuos que forman parte de la facción política de López Obrador, el Poder Judicial de la Federación pretende revivir dos “derechos de las audiencias” que en realidad son el pretexto para que el gobierno censure y restringa la libertad de expresión en radio y la televisión.
El problema de fondo es que no les interesa distinguir, tan es así que en los medios públicos que fueron cooptados por la 4T, los individuos que pretenden censurar no tienen ni siquiera la decencia de cumplir con lo que pregonan. Nunca antes como en este gobierno el Canal 11, el Canal 22 y demás estaciones propiedad del Estado habían sido utilizadas como vulgares plataformas de propaganda del gobierno en turno.
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