En Ecuador, quienes consumen bazuco son personas marginalizadas, empobrecidas y habitantes de calle. La Policía Nacional se encarga de agravar sus condiciones de vida: los desalojan de sus cuartos, queman sus pertenencias y los agreden físicamente. Se registran barrios, zonas y ciudades donde la venta de bazuco se mantiene, e incluso, se incrementa. Para este tipo de consumidores, la ayuda del Estado continúa siendo incipiente.
Paralelamente y a escala global, se registran alternativas de regulación para este tipo de estimulantes. Por ello, aún persiste la idea generalizada y trastocada de que Ecuador no es un territorio con consumos problemáticos de drogas. Vale recordar que desde la década de los años ochenta se aceptó públicamente que las drogas ya eran un problema público. Este problema, construido como de interés nacional, articula un desconocimiento gubernamental, la negación de derechos y la legitimación del control y violencia policial.
La penalización del consumo de bazuco también puede investigarse como un conjunto de premisas que conllevan la reestructuración del ejercicio policial, del sistema judicial, del debate sobre la tecnologización y privatización de las cárceles, y principalmente, que implican el cuestionamiento de los actuales procedimientos judiciales y penales carentes.
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