No debería haber una zanja ideológica en materia de reforma penal entre el grupo gobernante y el Poder Judicial. Pero la hay.
Todo comenzó con la controversia acerca de los topes salariales a ministros, magistrados y jueces. Después se consolidó el enfrentamiento cuando, sin la mayoría en el Congreso, el Presidente y su partido trataron de pasar su reforma energética mediante leyes secundarias. Tanto los jueces de amparo como la Suprema Corte los pararon en seco. Entonces la mayoría gobernante se fue sobre los fideicomisos que habían ido constituyendo los jueces.
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