Siete días antes de que Andrés Manuel López Obrador tomara posesión como presidente de México, la Procuraduría General de la República determinó no ejercer acción penal contra la ex titular de dicha dependencia, Marisela Morales Ibáñez, además de otros ex funcionarios.
La denuncia propició el inició de la averiguación previa AP/113/AP/DGDCSPI/2014, en la que el ex alto mando también acusó al ex subprocurador Irving Barrios Mujica, hoy fiscal general del Estado de Tamaulipas; lo mismo contra Nora Caballero Trejo, quien integró la averiguación previa contra el testigo protegido José Salvador Puga Quintanilla con nombre clave El Pitufo, uno de los tres delincuentes que acusaron falsamente a Herrera Valles de tener nexos...
Los testimonios de los tres personajes llevaron a la cárcel a decenas de funcionarios durante la gestión Calderón, entre ellos, al ex subsecretario de la Defensa Nacional, el general Tomás Ángeles Dauahare, quien después fue absuelto de los cargos de delincuencia organizada, al igual que el resto de los acusados porque se demostró que los testigos mintieron.
Herrera argumentó que el pago corresponde realizarlo a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas . Por ello, presentó un recurso de queja contra el acuerdo de la juez Sandra Leticia Robledo Magaña, pero el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México lo declaró infundado.
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