En el desplegado de las organizaciones civiles de Chiapas, respaldado por decenas más de otros estados del país, se considera “indignante” la situación de violencia que se vive en gran parte de Chiapas “a causa de la complicidad y permisividad de las autoridades de todos los niveles de gobierno hacia el actuar de grupos de la delincuencia organizada, quienes disputan el control del territorio para las economías legales e ilegales”.
“Si bien la situación ha sido álgida en la Región Frontera, también en otros territorios se han presentado situaciones de violencia, y existe el riesgo inminente de que se generalice y agudice”, precisaron. La violencia interrumpe la vida cotidiana de la población a partir del corte de los servicios básicos, así como mediante la suspensión indefinida de clases y de servicios de salud, además de las múltiples violaciones de derechos humanos: el derecho a la alimentación, a una vida digna, a la seguridad, la educación, la salud, la justicia, el libre tránsito y a vivir en paz.
Reiteraron a los gobiernos municipales, estatal y federal su demanda de brindar atención integral a la población directamente perjudicada por la violencia, dar atención urgente a las víctimas de desplazamiento forzado y generar condiciones duraderas para su retorno pronto y seguro.
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