Las cárceles en México son lugares propicios para el contagio del virus. Por eso precisamente había que tomar medidas urgentes para la contingencia sanitaria.
En los últimos registros encontramos que las cifras que conocíamos se mantienen vigentes: 4 de cada 10 hombres en prisión no cuentan con una sentencia, y esta proporción aumenta a 1 de cada 2 en el caso de las mujeres. El aumento ha sido ligeramente más pronunciado en mujeres, que en hombres, de hecho.
Otra vía para lograr reducir la población penitenciaria es la aplicación de la Ley de Amnistía aprobada hace unos meses y presentada como una medida ante la contingencia. Sin embargo, la ley es todavía inoperante.
Esas son las muertes que la CNDH le atribuye al COVID-19. Según los Cuadernos, entre abril y junio de este año, ha habido 359 muertes de personas privadas de la libertad. Para comparar: en el mismo periodo en 2019 se reportaron solamente 95. ¿Podemos atribuir todas las muertes a COVID? No, pero no deja de ser relevante que, hoy en día, ser una persona privada de la libertad supone un riesgo a la vida todavía mayor.
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