a ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum, presentó al presidente Iván Duque el lunes pasado su renuncia irrevocable y efectiva de manera inmediata, se informó ayer, en lo que supone la segunda dimisión en el Palacio de Nariño en apenas dos semanas.
Con la salida de la canciller, es cada vez más inocultable que la grave crisis social provocada por la impericia y la insensibilidad de Duque se ha convertido también en una crisis política, cuya solución se vislumbra lejana cuando falta un año para las elecciones presidenciales.
No puede perderse de vista que el gobierno de Duque se encontraba erosionado y sumido en el descrédito mucho antes de la pandemia, pues ya en noviembre de 2019 acumulaba 70 por ciento de desaprobación.
Para que el diálogo sea creíble, tendrá que incluir una rectificación de las políticas neoliberales y oligárquicas que se encuentran en el fondo del malestar social. Ésta, que sería la única vía sensata, representaría para Duque un choque frontal con su mentor político, y quien es considerado el verdadero poder tras la formalidad institucional, el ex presidente Álvaro Uribe.
Las más de dos semanas de manifestaciones callejeras ininterrumpidas evidencian que la crisis económica provocada por la caída en los precios de las materias primas, la torpeza política de Duque y los estragos causados por la pandemia han precipitado el resquebrajamiento de ese consenso neoliberal, y ponen a la clase gobernante ante la disyuntiva de renunciar a un sistema de insultantes privilegios o emprender un baño de sangre para sofocar la inconformidad social.