La adquisición que el Gobierno mexicano hizo de la empresa Exportadora de Sal es de los contados aciertos que en la materia tiene el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador; la compra originalmente se planteó en la administración de Enrique Peña Nieto, pero no cuajó; hoy, con la compra por 1,500 millones de pesos se termina una larga y fea cadena de abusos y excesos —que podría tipificarse como fraude fiscal— por parte del exsocio, la japonesa Mitsubishi,...
Pero, además de ello, la exportación se hacía en exclusiva con Mitsubishi con precios preferenciales para el socio con el 49% de las acciones, en volúmenes cada vez más pequeños… un socio que le hacía de “chivo los tamales” al Gobierno mexicano. Ya en 2024, dado que se habían configurado los posibles delitos de administración fraudulenta, simulación contable y defraudación fiscal, el Gobierno de México ofreció la mitad de la caja disponible de ESSA a Mitsubishi, la cual sin remilgos entregó el changarro en lo equivalente a 7 meses de venta de sal.
Ya sean diputados de oposición o senadores oficialistas, consideran que sostener el uso del glifosato es esencial para garantizar la productividad agrícola, y por tanto, la seguridad alimentaria del país. Eliminar el herbicida sin un sustituto sustentable a un precio similar, equivale a condenar al hambre a millones de personas que no podrán comprar tortilla o pan “orgánicos”.
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