es clara: no puede haber reformas electorales a leyes federales o locales 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Si inicia en septiembre, esos 90 días corren hacia atrás en los meses de agosto, julio y junio. Teníamos y tuvimos como límite mayo para hacer cualquier reforma electoral. Lo demás es retórica.Guanajuato
sin consensos, escuchamos de los diputados de la mayoría acusaciones a nuestra “poca fe” en que recorrer el tiempo de inicio -basado en el Plan B y en el mini Plan B- nos daría tiempo de discutir y aprobar, eventualmente, otras reformas de las muchas que los distintos grupos parlamentarios, diputadas y diputados en lo particular presentamos. Pidieron paciencia y confianza.
Tampoco en acciones afirmativas para que los grupos en riesgo de vulnerabilidad tengan representación política en elMucho discurso a favor de las personas migrantes y de las personas con discapacidad. Pero nada de verlos como pares. Ya no digamos legislar a favor de las personas de la diversidad sexogenérica.
Serán las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, las que tengan que fijar parámetros de inclusión y respeto a los derechos de todas las personas, que else negó a legislar. Solo faltaría que esas normas administrativas sean impugnadas en su momento porque las y los legisladores se sientan invadidos en sus facultades, cuando se negaron a ser protagonistas siendo meros espectadores.
Lo cierto es que al parlamento se va a parlar . Pero ese valioso ejercicio que construye democracia, con certeza en las reglas e incertidumbre en los resultados, no sucedió.
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