En diciembre de 2013, Flores Cordero, el arruinado empresario de Coahuila arrestado en San Antonio, admitió que ganó $ 2.5 millones de dólares en comisiones enviando dinero sucio de México a Texas y se declaró culpable en Corpus Christi de un cargo de conspiración de lavado de dinero. Los fiscales retiraron los cargos contra su esposa.
De 2012 a 2017, los investigadores produjeron acusaciones contra casi 20 personas, incautando bienes raíces, aviones, automóviles y cuentas bancarias que hoy estarían valoradas en más de $ 100 millones de dólares sin tener que poner un solo testigo en el estrado. Si bien algunos involucraron denuncias de tráfico de drogas, la mayoría de los casos se centraron en el robo y malversación de fondos públicos.
Varias de las personas que quedaron atrapadas en las investigaciones, incluidos los exgobernadores de Tamaulipas y Aguascalientes, enfrentaron procesos penales en México. Otros no lo hicieron, lo que provocó críticas de que Estados Unidos se estaba sobrepasando. Los abogados de Silva Santos, por ejemplo, llevaron documentos a la corte que demostraban que el exalcalde había sido exonerado de irregularidades en México.
"El gobierno tiene interés en detener o reducir la influencia corruptora que estos delitos relacionados con la cleptocracia tienen en las personas, el comercio y la economía de este país", escribió Giese en un correo electrónico."¿Vamos a mirar para otro lado cuando sabemos que se está cometiendo un crimen en los Estados Unidos?"
El dinero que fluye de México a Estados Unidos tiene impactos muy reales a través de la frontera. El estado de Coahuila, endeudado por miles de millones de pesos, está perpetuamente comprometido, gastando hasta el 10 por ciento de su presupuesto anual para atender los préstamos que el gobierno sacó mientras Torres López y Villarreal Hernández eran tesoreros. Las escuelas carecen de aire acondicionado.
Ese mismo año, los fiscales federales en San Antonio resolvieron bajo sello una demanda contra bienes raíces vinculados al exgobernador de Aguascalientes. Mientras tanto, casi una década después de que agentes estadounidenses incautaron por primera vez las cuentas bancarias de Villarreal Hernández, no ha habido ningún movimiento público en la investigación de su jefe.
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