Mal que bien, los sucesivos gobiernos de la transición tuvieron el pudor de ajustar sus acciones, aunque fuera sólo en la forma, a la ley suprema. Paso a paso, un texto surgido más como declaración de principios abstractos que como mandato jurídico, se había ido convirtiendo en el marco normativo del actuar político.
No se sabe a ciencia cierta si la decisión de violar la Constitución desde el primer día en la creación de la Guardia Nacional fue del Presidente con la complicidad de los altos mandos militares o fueron los generales y almirantes los que buscaron la aquiescencia presidencial para imponer su voluntad.
Pero el Presidente sigue condescendiendo. Esta misma semana ha insistido en que se debe reformar la Constitución para dejar ya plenamente en manos de las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional y ha salido con el sofisma de que quienes nos oponemos lo hacemos porque no queremos proteger al pueblo. Según su enrevesada lógica, como García Luna era un civil, entonces la seguridad debe ser militar.