Según las autoridades peruanas, el grupo ilegal se dedicaba a captar informantes, pagados por la organización, que instigaban a delincuentes de nivel bajo a cometer delitos, como secuestros o robos millonarios. El delito en ciernes era comunicado entonces a los policías corruptos. Así, los agentes montaban una celada y sorprendían a los delincuentes para abatirles a disparos.
Entre 2012 y 2015, en seis operaciones armadas para supuestamente desbaratar secuestros o robos, 96 agentes de la Policía Nacional determinaron con la vida de 27 personas, algunos de ellos delincuentes completamente desarmados.
Las pruebas recabadas por las autoridades peruanas indicaban que la mayoría de los fallecidos en los supuestos tiroteos presentaban disparos en la espalda, efectuados a menos de 30 centímetros del cuerpo.
Mío Morocho ha sido puesto a disposición de la Audiencia Nacional, que determinará sobre su extradición a Perú. El funcionario ha advertido a los agentes que lo arrestaron en Guadalajara que teme por su vida si es entregado a su país, donde se enfrenta a una pena de 35 años de cárcel.Redactor jefe digital en España y profesor de la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS.
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