Jueces de todo el país dictan resoluciones contradictorias sobre cómo aplicar la sentencia europea que reconoce la estabilidad como solución a situaciones de abuso de la temporalidad en las administraciones públicas estatales, regionales y localesEn España hay casi tres millones de personas trabajando para las distintas administraciones públicas. Y es uno de los países europeosen el empleo público.
Esa interpretación, por el momento, no está clara. De hecho, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que marca el paso a todos los juzgados del país que cada año resuelven miles de pleitos laborales, ha anunciado que se dirigirá de nuevo a Luxembugo para que aclare si está obligando o no a los jueces españoles a hacer fijos a estos interinos de larga duración pasando por encima de los procedimientos habituales para adjudicar estas plazas.
“Hasta el día de ayer”, reconoció este juez, habría hecho lo que ha hecho “en innumerables ocasiones”: convertir al trabajador en indefinido no fijo en Telemadrid. Con las mismas condiciones que el resto aunque sin plaza. Pero la sentencia europea “implica un cambio trascendental” y la obligación, zanjó, es hacerle fijo.Este criterio que apunta al automatismo no es unánime, ni entre los tribunales ni entre los sindicatos.
En uno de ellos, los jueces de lo social entienden que existió un “fraude de ley en la contratación” al haber pasado mucho más tiempo de los tres años que marca la normativa para ejecutar ofertas de empleo público. Pero no reconoce su puesto de trabajo como fijo: Europa, dice el tribunal madrileño, ha reconocido que convertir estos contratos en fijos “puede ser la medida”, pero “no se impone en ningún caso” como solución general.
Este voto particular de la magistrada Maite Alejandro no revela qué pasará en el futuro pero sí da pistas sobre el debate que la nueva doctrina del TJUE ha causado entre la judicatura. “Ha provocado una considerable reacción en todos los foros jurídicos”, explica, existiendo según su criterio “están provocando gran incertidumbre en el panorama doctrinal y judicial”.
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