Las empresas de VTC, que operan con plataformas de movilidad como Uber y Cabify, enviarán antes de que acabe la semana una carta a la Comisión Europea para informarles de la situación complicada que vive el sector en España y urgirles a que tomen cartas en el asunto “para evitar la pérdida de miles de empleos y la desaparición de un servicio urbano”, que según defienden, “demandan millones de españoles y ayuda a impulsar una movilidad sostenible”.
Unauto y Aseval subrayan las graves consecuencias que tendrá no regular el sector, pues en España hay actualmente 18.000 licencias VTC y el sector genera 62.000 empleos, 36.000 directos. “Además, se perdería una inversión de más de 800 millones de euros prevista para la electrificación del parque de vehículos VTC y la infraestructura necesaria”, añade, aunque no aclara en qué plazo está previsto llevar a cabo dicha inversión.
La única Comunidad Autónoma que ha regulado hasta ahora el sector de las VTC para evitar el precipicio regulatorio de octubre es la de Madrid. Y a ello se ha opuesto parte de los taxistas madrileños, que el pasado miércoles cortaron algunas calles de la capital española para protestar contra la modificación de la Ley de Ordenación y Coordinación de Transportes que permitirá a las VTC seguir operando en trayectos urbanos.
En el País Vasco la situación es la misma que en estas comunidades, pero su TSJ anuló el tiempo por el que se obliga al usuario a esperar para recibir el servicio precontratado, que aun se encuentra pendiente de resolución definitiva por el Tribunal Supremo. Canarias, por su parte, no necesita regular expresamente esta situación que vive el sector porque asumió competencias plenas desde 1987, al igual que Baleares.
Anda que se vayan a tomar por donde amargan los pepinos
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