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El reparto obligatorio de los menores migrantes entre todas las comunidades es una reivindicación histórica del Gobierno de Canarias. La cifra de niños y adolescentes que atraviesan la ruta atlántica sin familia no ha dejado de crecer en los últimos años. Con las últimas llegadas, el Ejecutivo canario tutela a 5.966 niños y adolescentes en 80 dispositivos que ya han colapsado.
Feijóo también siguió el guion en declaraciones ante los medios. “Hay un problema evidente de falta de política migratoria del Gobierno, de improvisación permanente, de falta de fondos y de atacar el problema en origen”, dijo. Pero el líder del PP también salió al paso de las amenazas de Vox de romper esos ejecutivos autonómicos si se acepta la llegada de menores solos.
En realidad, lo que advierten desde el Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat es que la distribución de los adolescentes que llegan a las Islas Canarias es una ínfima parte del total de expedientes de acogida que abren anualmente, y que si hay que reformar el sistema, habría que abordarlo en su conjunto y con mayor financiación del Estado.
Por su parte, el consejero ha expuesto que a Extremadura han llegado personas sobre las que “se nos decían que eran adultos, pero al llegar aquí eran menores”, por lo que la tutela de los mismos ha recaído en el Ejecutivo extremeño “sin ayuda del Gobierno de España”, por lo que pide más apoyo estatal en estos supuestos, informa elDiarioex.Castilla-La Mancha dispone de unas 150 plazas a disposición de migrantes procedentes de Canarias.
La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, ha recordado que “desde hace años existen ya unos criterios de reparto consensuados, pero no todas las autonomías han mostrado su compromiso a sumar en este sentido.
Capellán ha respondido de este modo a preguntas de los periodistas acerca de las negociaciones del reparto a las comunidades de estos menores migrantes. El jefe del Ejecutivo riojano ha asegurado que el Gobierno central “como hace con otros ámbitos, como la financiación que afecta al conjunto de España, este asunto lo negocia bilateralmente con una comunidad sin tener un acuerdo con el resto de comunidades, por lo tanto no puede avanzar bien”.
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