La Fiscalía y la Abogacía del Estado sostenían sus acusaciones en los informes de los peritos de la Agencia Tributaria, que se apoyaban a su vez en documentación incautada a Aristrain durante los registros de sus inmuebles. Sin embargo, el tribunal coincide en que esos indicios no resultan concluyentes. “No se ha probado que el acusado mantuviera su residencia en España durante 2006, constando certificada su residencia fiscal en Suiza. Y lo mismo sucede con 2007.
el_pais La voracidad de hacienda no tiene límites. Menos mal que aún quedan tribunales.
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