a la gestión de Grande-Marlaska. El coronel alegó en uno de sus recursos que su cese era una "directa consecuencia de no haber accedido a realizar un acto abiertamente ilegal", como hubiera ocurrido en el caso de "informar a los responsables políticos del Ministerio del Interior de una investigación sometida a la más estricta reserva".
El juez Celestino Salgado declaró "ilegal" el cese del coronel al entender que la motivación no era "real" o, como poco, no se ajustaba "a la realidad". Luego, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dio la razón a la Abogacía del Estado en un primer momento, al considerar quepor deberse a una pérdida de confianza.
Tras conocerse el fallo del Supremo, Grande-Marlaska aseguró que iban a cumplir la sentencia, aunque reiteró que la decisión de cesarlo estaba justificada pordebido a la filtración del informe del 8-M y a que no comunicó a sus superiores la práctica de esta diligencia, como había hecho anteriormente con otras novedades.
El ministro también argumentó en el Congreso la posible relación de Pérez de los Cobos con el mal uso de fondos reservados en la etapa del Gobierno del PP, ya que el coronel fue alto cargo en Interior -enviado a Cataluña por el- antes de jefe en Madrid. No obstante, luego Grande-Marlaska matizó que su intención no había sido vincularle directamente con el caso Kitchen.
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