Ferrovial afronta dos investigaciones penales por presuntos delitos ambientales en una obra de 1.000 millones
La constructora de la familia del Pino tiene abiertas dos investigaciones criminales allí por hechos que, según la concesionaria del proyecto, de confirmarse pueden comprometer la financiación de la infraestructura, para la que el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo aportaron en 2016 más de la mitad de la inversión prevista, 576 millones., llegó la última denuncia.
“Dado que las acusaciones se presentaron recientemente, no se dispone de información adicional. D4R7 rechaza estas acusaciones”. “No se ha dotado ninguna provisión por este concepto”. Ferrovial ha presentado ya respuesta a los nuevos cargos, según fuentes del grupo. Entre esos prestamistas sobresalen los dos grandes organismos multilaterales europeos de crédito. El más importante es el BEI, la entidad supranacional que aspira a presidir a partir de enero la actual vicepresidenta económica en funciones, Nadia Calviño. En 2016 este organismo
La concesionaria explica en sus cuentas que en abril de 2019 el contratista de la obra, la joint venture de Ferrovial y PORR, fue acusado de “cargos de supuesta extracción ilegal en un pozo” y, en junio de 2021, “por cargos de supuestos vertidos ilegales de agua”, delitos que, de confirmarse, reconoce, supondrían “un quebrantamiento de los acuerdos financieros” con esos dos organismos europeos.
Ferrovial explica que “la deuda ya ha sido íntegramente dispuesta” y que ante la próxima expiración de ese plazo el próximo día 23, la concesionaria va a negociar otro waiver. Los bancos han comunicado “verbalmente” que no tienen intención de exigir ese pago anticipado, pero “quieren presionar al concedente para que cumpla con sus obligaciones medioambientales”, señala la compañía de los Del Pino.
La disputa se basaba, según Ferrovial, “en una reclamación de plazo y precio al Ministerio de Transporte con motivo del incumplimiento, por su parte, de los plazos para poner a disposición del contratista los Permisos de construcción necesarios para la ejecución del proyecto”. El tribunal arbitral falló en favor de la concesionaria y de la constructora y reconoció que tenían derecho a mayor plazo y a una indemnización por sobrecostes.
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