y que estaba “cargado de ideología” para hacer “ingeniería social” y poner en marcha un “rediseño” del país. Su recurso, sin embargo, se centraba en aspectos más técnicos y denunciaba que el currículo era tan exhaustivo que impedía a la Comunidad de Madrid ejercer sus competencias y complementar las enseñanzas mínimas.
Su reproche, explica el Supremo, “no se basa en aspectos objetivables” sobre cada materia sino que hace acusaciones genéricas: “Lanza a la consideración de la Sala toda esa masa de materias, con sus contenidos mínimos y criterios de evaluación”, lamenta el Supremo.
La Comunidad de Madrid, en su recurso, “silencia” este aspecto, recuerda el Supremo. Pero en el propio preámbulo de su decreto expone que esta ejerciendo sus competencias, lo que no cuadra con una denuncia de que la normativa estatal se lo impide.
El Supremo también rechaza la alegación de la Comunidad de Madrid sobre la falta de un trámite de consulta previa a las comunidades autónomas antes de poner la normativa en marcha. Una consulta que, recuerda el Supremo, no implica una “decisión conjunta”
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