Amenazas ambientales, malos olores y trámites administrativos opacos son algunas de las sombras que se ciernen sobre. El gas procedente de la descomposición de materia orgánica, como son los restos de comida y los deshechos animales, que comenzó como una alternativa a la red gasista tradicional dentro de la transición energética, lleva tiempo en el punto de mira de colectivos ecologistas y sociales de toda España.
Esto ha hecho virar las tornas políticas. El nuevo ayuntamiento albaceteño, ahora en manos del PP, antes del PSOE, anunció por sorpresa que cambiaba las normas urbanísticas de la ciudad para impedir la implantación en el término municipal de industrias que “puedan generar molestias por olores”. a la vista del desarrollo de varios de estos proyectos en la región con el visto bueno del Gobierno socialista
Y en Chinchilla de Montearagón, donde gobierna el PSOE, se ha dado una situación similar, aunque en este caso, detrás del proyecto se encuentra una empresa ligada a Enagás, que “seguirá peleando por el proyecto, aunque no reciba subvenciones”.que el caso actual en la ciudad de Albacete se debe principalmente a que “se están agitando las aguas” con los proyectos de biogás y ambos partidos “se han visto azuzados por el rechazo social”.
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