de almacenamiento de gas, en la costa de esta localidad castellonense. El juez ha adoptado la misma decisión respecto de la mercantil, como persona jurídica, según han informado fuentes del TSJCV.para otros diez investigados, funcionarios del Estado, al descartar que incurrieran en un delito de prevaricación medioambiental durante la tramitación de los permisos para el funcionamiento del almacén.
, hasta 519, que se prolongó hasta el 4 de octubre y ocasionó"daños de consideración" en nueve viviendas de Vinaròs y Sant Mateu, en la provincia de Castellón, y Amposta y Sant Carles de la Ràpita, en la de Tarragona, señala el auto.
hasta que no hubiese garantías de que se podía continuar sin riesgo alguno". Es más, tal y como recoge el auto,"hoy en día continúa el gas almacenado en el almacenamiento subterráneoen condiciones de seguridad para las personas y el medio ambiente". En cambio, el juez instructor ha acordado en otro auto dictado de forma paralela al anterior, el sobreseimiento libre de las diligencias para otras diez personas, pues entiende que no incurrieron en un delito de prevaricación medioambiental.
Así, considera que su actuación en la tramitación de proyecto, que contaba con una declaración de impacto ambiental favorable, incluyó la firma de un convenio que permitióde peligrosidad sísmica que la actividad podía acarrear."Y muy probablemente, la realidad, sin dicha monitorización sísmica, después de losEl Proyecto Castoraprovechando un antiguo pozo petrolífero situado a 1.
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