Se trata de tres compañeros de piso que empezaron a vivir en el inmueble en diciembre de 2020, cuando la ley de contención de arrendamientos ya estaba vigente, y meses más tarderespecto al anterior contrato, una, según ha explicado el Sindicato de Inquilinos, al que están afiliados los arrendatarios.
"El Ayuntamiento nos dio la razón, pero nosotros seguíamos pagando un alquiler ilegal", ha criticado Ramon Casas, uno de los inquilinos. Por ello, exigieron al propietario que, en este caso el del anterior contrato, tal y como avala la sanción administrativa del Ayuntamiento. La respuesta que encontraron a cambio fue la de que si no les gustaba el precio actual podían marcharse. Ante esta situación, los inquilinos decidieron tomar medidas legales y hanles ha cobrado de más durante los últimos mesesAdemás, desde agosto han reducido la renta que pagar hasta los 950 euros que establece la regulación.
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