El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, anunció desde San Andrés, el inicio de la vigilancia a más de 5.000 contratos suscritos en este 2020, por la Gobernación del archipiélago, por un valor que supera los 191.000 millones de pesos.
Dentro de estos 5.000 contratos, la Procuraduría identificó que desde el 17 de noviembre, día después del paso del huracán IOTA por el departamento, se celebraron 318 contratos por un valor de 7.035 millones de pesos. De estos, seis corresponden a obras o servicios que no están asociados directamente con la recuperación, reconstrucción y normalización del archipiélago.
El Ministerio Público también busca establecer la existencia de una presunta nómina paralela, con cerca de 1.500 contratistas que no residen en la isla y la vigilancia y seguimiento a 12 negocios jurídicos suscritos con diez contratistas, por más de 16.300 millones de pesos. Según la Procuraduría, estas firmas han ejecutado 44 contratos con entidades territoriales, de los cuales el 80 % fueron adjudicados por la Gobernación de San Andrés.
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