La decisión del Ministerio Público se debe a la indebida inversión de aproximadamente $3.565 millones financiados con recursos de regalías.
La entidad evidenció que el contrato de compraventa celebrado entre el departamento de La Guajira y la sociedad carrocerías EL SOL S.A.S., que tenía como objeto brindar apoyo para el transporte asistencial básico y medicalizado con inversión pública; según lo aprobado por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión Región Caribe, cuyo presupuesto inicial fue de cerca de $ 3.565 millones para la adquisición de 17 ambulancias.
La PGN confirmó que el gobernador encargado, por estar delegada la función, tenía la obligación de exigir la correcta ejecución de los recursos provenientes del SGR, también, desarrollar actividades para verificar, vigilar y controlar el cumplimiento del objeto del contrato, en este contexto, se conoció que por medio de un oficio se cambiaron las especificaciones técnicas, sin la mediación del representante legal del departamento.
Debido a las conductas irregulares, el ente disciplinario calificó la falta de los servidores públicos como gravísima con culpa gravísima para el secretario de Salud; y grave con culpa grave para el gobernador encargado. Esta decisión sancionatoria adquiere mayor relevancia frente al seguimiento que realiza la Procuraduría, según lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia T 302 de 2017, ante el incumplimiento de los parámetros mínimos constitucionales aplicables y exigibles para asegurar el goce efectivo del derecho a la salud de la población de La Guajira.
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