La Contraloría General de la República no encontró evidencia sobre la supuesta extorsión efectuada al suspendido canciller Álvaro Leyva ni del origen de los fondos con los que pagaron al chantajista.
Las labores de Policía Judicial efectuadas por la Contraloría General de la República determinaron que no salieron de las arcas del Ministerio de Relaciones Exteriores los 30 millones de pesos que supuestamente pagó el canciller Álvaro Leyva Durán a una persona que lo extorsionaba, primero, para entregarle pruebas contra Thomas Greg and Sons y después para no contar que él estaba comprando evidencia a un chantajista. El Reporte Coronell obtuvo de manera exclusiva el informe de campo de los investigadores judiciales de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, Diari, de la Contraloría General de la República. Los funcionarios de Policía Judicial hablaron con el ordenador del gasto del Ministerio de Relaciones Exteriores, el secretario general José Antonio Salazar, el mismo que otorgó la millonaria licitación de los pasaportes a Thomas Greg and Sons hace menos de 48 hora
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