"En los casos [de] violación ninguna niña puede ser obligada a ser madre, ni por el Estado ni por sus padres, madres o tutores", dijo el presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar, durante la sesión del pleno.
La norma, que pese esos recursos estaba vigente, obliga a hospitales públicos a practicar abortos a mujeres violadas que así lo soliciten. La afectada debe requerir el procedimiento bajo juramento de decir la verdad, sin necesidad de un mandato judicial.Los estados que impugnaron unas modificaciones hechas al reglamento en 2016 argumentaban que invadía competencias estatales en materia penal e intervenía en los derechos de los padres.Pero Zaldívar manifestó que esta normativa es"una respuesta rápida y eficaz" para garantizar los derechos de las mujeres.
Pese a que el código penal estatal autorizaba el aborto en su caso y tanto ella como sus padres solicitaron el procedimiento, el gobierno local y la justicia se lo negaron y tuvo que llevar a término el embarazo.Ocho de los 32 estados del país han despenalizado el aborto, siendo la capital el primero, en 2007, y el más reciente Guerrero , hace una semana., lo que de facto lo autoriza en todo el país.
En América Latina la interrupción del embarazo es legal en Uruguay, Cuba, Argentina, Guyana y Colombia, mientras que El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití no lo permiten bajo ninguna circunstancia
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