La Corte Constitucional acaba de publicar el texto completo de la sentencia C-048 de 2024, que protege la independencia de la Comisión de Regulación de Energía y Gas , entidad encargada de regular las tarifas de estos servicios.
Sin embargo, el valor de esta sentencia no se agota allí. La sentencia también recoge dos conclusiones centrales de la intervención que me solicitó la Corte durante el proceso de esta decisión: i) hay una relación directa y positiva entre la configuración del regulador y la calidad de la regulación, y ii) existe una relación directa entre la buena calidad de la regulación y la garantía de los derechos fundamentales.
Con esta sentencia, la Corte responde a quienes, por su inconformidad con el trabajo de la Creg u otros intereses, sostienen que no importa si las tarifas son reguladas por quien ejerza la Presidencia de la República o por una comisión de expertos con alguna independencia.
Sería necio desconocer que en Colombia la regulación de alta calidad ha sido fundamental para la garantía de los derechos fundamentales relacionados con la prestación de los servicios de energía y gas. No solo ha sumado la inversión privada a la inversión pública destinada a este sector, sino también ha mejorado la gestión en las empresas prestadoras de carácter público y mixto.
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