Lo que se presenta como un instrumento para el fortalecimiento de la economía popular bien puede generar un nuevo caudal de corrupción y, con ello, debilitar la naturaleza de las juntas de acción comunal y organizaciones similares, incluso podría comprometer penalmente a sus representantes legales.
Fomentar los esquemas asociativos, para que puedan incorporarse formalmente al tejido productivo del país, es un propósito válido y plausible, pero sin que ello signifique la desaparición de pequeñas y medianas empresas con trayectoria en el sector de la ingeniería, la infraestructura y la construcción de Colombia. No cambiemos para agravar las difíciles situaciones sociales y económicas que tenemos en nuestra nación.
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