Mil veces se ha hablado sobre la urgencia de una reforma pensional que solucione dificultades estructurales. Es una necesidad que millones de adultos mayores tengan alguna posibilidad de beneficio en su vejez y para quienes, de no existir un subsidio, es imposible lograrlo. También es indispensable darles una salida a millones de personas que, al provenir de la informalidad, difícilmente alcanzarán las semanas cotizadas.
Intentando conciliar las cifras entre uno y otro , y pensando en el ciudadano, que suele hacer cuentas de su propio negocio, vale la pena repasar pedagógicamente los costos de la iniciativa de ley. Tal como lo señala CARF, el beneficio solidario a 2,8 millones de adultos mayores tendría un costo neto de 0,3% del PIB. Algo así como 4,8 billones de pesos adicionales anuales.
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