El Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió el Decreto 723 de 2022, mediante el cual el presidente nombró alcalde encargado de Medellín. Dicha decisión se tomó porque el alcalde designado no pertenece “al mismo partido o movimiento político del titular”, como lo exige perentoriamente el artículo 32 de la Ley 1617 de 2013, cuando el presidente deba designar un reemplazo del respectivo alcalde.
No es la primera vez que el presidente ha actuado en contra de la ley. Algo semejante ha hecho en relación con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada por el Decreto-ley 153 de 2017, que le ordena convocarla mensualmente. Solo lo ha hecho seis veces durante los 45 meses de su gobierno.
Hay más actuaciones en las cuales el presidente Duque ha desafiado la legalidad, como las objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, que fueron declaradas inconstitucionales por la Corte; o la apresurada extradición de alias, aprovechando el fugaz momento de una decisión judicial que así lo autorizó, a pesar de que hay otros recursos en trámite orientados a garantizar que él respondiera primero por los numerosos delitos...
Estas conductas, y muchas más, contradicen abiertamente la Constitución, que en su artículo 188 establece que el presidente, “al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y las libertades de todos los colombianos”, y en su artículo 189 dispone que corresponde al presidente “promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento”.
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