La medida durará un año y puede ser prorrogada. La Superintendencia ya tomó posesión de los bienes de la EPS. El Gobierno tiene control de 24 millones de afiliados.
“La Superintendencia Nacional de Salud ha tomado los bienes, haberes y negocios de la EPS Sanitas. Esta decisión se basa en múltiples razones analizadas al interior del comité de medidas de la Superintendencia La EPS no cumplía con los requerimientos de habilitación financiera, principalmente frente al patrimonio adecuado y a las reservas técnicas de las que tanto se ha hablado.
La intervención de Sanitas se venía alertando desde hace meses por varios choques de sus directivos con el Ministerio de Salud, que incluso llamó a ruedas de prensa para enfocarse en las deudas de Sanitas con hospitales y clínicas y exigirle a la EPS la revelación de los estados financieros de manera pública.
Andrés Vecino, médico y experto en salud pública de la Universidad Johns Hopkins, aseveró: “Con la intervención de Sanitas viene la fuga de afiliados sanos que contribuyen solidariamente con su UPC al manejo de los enfermos. Los hospitales empezarán a negar servicios. ¿Quiénes terminan afectados? Los afiliados enfermos que no pueden trasladarse. El gobierno de la vida”.
La decisión de este martes implica, también, la remoción del representante legal, a su junta directiva y a la junta directiva de esta EPS. El gobierno designó a un agente interventor para evitar que Sanitas caiga en un colapso financiero. El interventor Vargas estará acompañado en este nuevo trabajo de una junta asesora del agente interventor que estará representada por los cinco principales acreedores de la EPS Sanitas.
“Cada mes las atenciones no PBS genera un gasto de 55.000 millones de pesos y aquí es importante decir que, de esa plata, el Estado –a través de presupuestos máximos– solo nos reconoce 32.000 millones de pesos”, respondió Juan Pablo Rueda Sánchez, presidente de Sanitas.
El caso de Saludcoop es paradójico, porque justamente fue con la intervención del Gobierno que se exacerbaron los casos de corrupción, al punto de que el agente interventor de entonces, Guillermo Grosso, terminó condenado por haber dirigido la contratación de la EPS a empresas cercanas cuando estaba en la cabeza de la EPS.
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