La suscripción de un convenio y la vinculación de personal que no estaría acreditado como docente o investigador son las presuntas irregularidades por las que la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos a Nareta Steele Pérez, exrectora del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia.
Según el ente de control, Steele Pérez 'habría incluido en el grupo beneficiario a cuatro personas, entre esas la rectora, que no ostentaban la titulación específica requerida para acceder a la formación académica', conducta que fue calificada por la Procuraduría como una 'falta gravísima cometida a título de culpa gravísima'.
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