Desde enero de este a\u00f1o, toda sanci\u00f3n fiscal que emita la Contralor\u00eda a servidores p\u00fablicos, tanto elegidos por voto popular como empleados de entidades p\u00fablicas, debe ser remitida al Consejo de Estado para un control autom\u00e1tico de legalidad que se cre\u00f3 mediante una nueva ley, la 2080 de 2021.
La Contralor\u00eda le dijo a la Corte que se trata de un control oficioso que busca la protecci\u00f3n de derechos, que permite al poder judicial hacer de una vez el control de convencionalidad sobre la sanci\u00f3n y sus efectos sobre la inscripci\u00f3n de los sancionados en el bolet\u00edn de Responsables Fiscales.
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