La activista Rocío San Miguel lleva un mes detenida por las autoridades venezolanas, acusada de formar parte de una supuesta conspiración para asesinar al presidente Nicolás Maduro y provocar un golpe de Estado. En estos 30 días no se han presentado pruebas contundentes que avalen ese complot en la que estarían implicados también opositores y miembros de las fuerzas armadas.
Washington recibió esa insinuación como una puerta abierta para buscar una salida democrática a la crisis institucional del país y levantó sanciones al oro y al petróleo que favorecían al Gobierno chavista. Sin embargo, Maduro ha sido inflexible y no ha habilitado —ni lo va a hacer, porque le aventaja en las encuestas— a María Corina Machado, la líder de la oposición.