La entrada de agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales en la sede del Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra en marzo de 2021 puso al descubierto un entramado empresarial paralelo al que se desviaba dinero de las cuotas de los afiliados. La operación supuso la detención de su presidente durante más de 30 años, Carlos Fernández, de su mujer y de su hija.
La última sentencia obligaba al colegio pontevedrés a pagar 1,5 millones de euros al Consejo General de Enfermería de España, mientras otra anterior dictada por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Pontevedra se sumaba a la de 2014 en la que ya se había condenado al colegio al abono de 4,5 millones. Según denunciaba el secretario, Carlos Fernández no comunicó ninguna de las sentencias a sus colegiados.
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