MONTERREY, NL (proceso.com.mx).– El gobierno del estado de Nuevo León requisó la noche del viernes la Ruta 400 de transporte urbano, debido a que no respetó la tarifa vigente y la incrementó arbitrariamente.

La administración estatal informó que tomó el control temporal de las instalaciones de la empresa propiedad de Abelardo Martínez, ubicadas en la colonia San Gilberto, en Santa Catarina, al detectar que había incumplido con el cobro ordinario de 12 pesos para incrementarlo a 15.

Más de una decena de vehículos del Instituto de Movilidad del estado y de la policía estatal Fuerza Civil tomaron los talleres, donde está la base de operaciones de la ruta, que circula entre los municipios de Monterrey, San Pedro y Santa Catarina.

No se mencionó cuántas unidades tiene la Ruta 400.

El gobernador Samuel García dijo que aplicaba la resquisa o intervención debido a que la empresa transportista afectaba a los nuevoleoneses.

“En el nuevo Nuevo León se aplica la ley. Hubo transportistas que creyeron que estaban por encima de la ley, que podían hacer lo que quisieran con total impunidad, que creyeron que podían hacer lo que se hacía cuando estaba aquí la vieja política. Pues no, aquí el que la hace la paga y por eso comenzamos la requisa de la Ruta 400, la única que insistió en cobrar de más a las y los neoloneses”, declaró.

Horas antes, García publicó un video en el que señalaba que, por cobros indebidos, ya había aplicado multas a transportistas por 30 millones de pesos y había retirado de circulación 31 unidades.

Ahí explicó en qué consistía el procedimiento que aplicaría: “¿Qué es requisar? Es un acto administrativo donde simple y sencillamente el gobernador toma el control de la empresa, toma su caja, toma sus camiones, toma sus choferes y ahora daremos el servicio nosotros”.

En declaraciones a la prensa local, Hernán Villarreal, secretario de Movilidad, dijo que, para esta requisa, actuaron con pulcritud para evitar la que ordenó en el 2016 el anterior gobernador Jaime Rodríguez “El Bronco” en el sistema conocido como Ecovía, procedimiento ilegal por el que ahora es penalmente procesado.

Simultáneamente, Mirna Angélica Guerrero, directora jurídica de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, presentó ante la Fiscalía General una denuncia de hechos contra transportistas que han incurrido en desobediencia y otras conductas que afectan al servicio.

“Estamos hablando de una serie de delitos, entre ellos desobediencia, resistencia y algunos otros que pudieran llegarse a configurar. La Fiscalía, en este caso, será encargada de dilucidar, con base a la investigación, las pruebas que se aporten y la evidencia que se recabe”, dijo.