El servicio de seguridad pública es una labor compartida, entre la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, cada cual, con sus competencias, pero persiguiendo los fines comunes del servicio, que son “salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos”.
Para poner en perspectiva esto, el FASP en 2013, tenía recursos por $7,631.8 MDP. Y en el PEF de 2020, se asignaron $7,444 MDP. En pocas palabras, no se ha recuperado el gasto en este rubro desde 2013. Estas variaciones en el presupuesto de 2020, respecto al de 2019, resultan reveladoras, puesto que esencialmente muestran que sigue sin haber un cambio en la política pública de seguridad, escatimando y menoscabando los recursos que se entregan a las corporaciones de seguridad pública estatales y municipales. Es decir, estas corporaciones continúan sin ser consideradas, al menos presupuestalmente como ejes fundamentales del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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