, la hoja de ruta de la administración actual apuesta por la soberanía de los recursos y señala a la política neoliberal que promovió la Reforma Energética de 2013 como la responsable de la caída sistemática de la producción petrolera y la reducción de la capacidad de refinación. Por eso, el Gobierno quiere devolver a Pemex su protagonismo.
En las áreas de política relacionadas con Pemex, se encuentra que hay algunos aspectos que no han tenido mayores avances al comparar la reciente evaluación con las realizadas en 2017 y 2019, y que podrían tener impactos en la lucha contra la corrupción. Las nuevas reglas del fondo minero dan más peso al Gobierno Federal afectando así la trazabilidad de las transferencias de recursos. Bajo el modelo actual, se elimina la figura de transferencias a entidades subnacionales y convierte a la Secretaría de Educación en la principal receptora de los recursos.
Los problemas empiezan debido a la publicación inconsistente de estudios de impacto ambiental, tanto desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales como desde la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente . Los canales de acceso a estos estudios se reducen a solicitudes de acceso a la información dirigidas a las distintas entidades, sin que la información se haga pública de forma proactiva.
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