Tlacoapa y lo vamos a dejar mejor que antes de las lluvias”, comentó Rosario Robles, en abril de 2014, a las familias del pueblo me’phaa, que perdieron sus viviendas por el huracán, en septiembre de 2013. Haciendo gala del poder que ostentaba por su cercanía con el presidente Enrique Peña Nieto, la secretaria se lució diciendo. El Congreso federal ya había autorizado 37 mil millones de pesos, para poner en marcha el Plan Nuevo Guerrero, en 2014.
La rebatinga salió a relucir cuando el Congreso de Guerrero en 2015, solicitó al presidente de la República, la liberación de estos recursos que se encontraban en manos del secretario de Hacienda, Luis Videgaray. El mismo Senado de la República hizo un exhorto para que se informara el destino de estos fondos.
La situación dramática de los pueblos de la Montaña quedó supeditada a los intereses macroeconómicos que se dirimieron entre los grupos de poder protagonizados por Rosario Robles y Luis Videgaray. El manejo discrecional de los recursos y la asignación de obras estuvieron palomeadas por la titular de la Sedesol de 2013 al 2015, y posteriormente como titular de la Sedatu.
Las comunidades desplazadas de los municipios de Malinaltepec, Acatepec, Tlacoapa, San Luis Acatlán, Metlatonoc y Cochoapa el Grande, se vieron obligadas a improvisar campamentos en las cimas de la Montaña. La intervención del gobierno federal fue indignante porque se limitó a proporcionar despensas, colchonetas y láminas para acondicionar sus cobertizos.
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