Mientras tal cosa ocurre la crisis de la UDLAP ha engendrado la existencia de dos patronatos y de dos personas que ostentan la rectoría: Cecilia Anaya Berríos y Armando Ríos Piter.
Desde julio del año pasado el juez Zurita García ordenó que, mientras se resuelve el fondo del asunto, se entregasen las instalaciones a la rectora Anaya Berríos; también autorizó que ella gestionara las finanzas. Es decir que en el muy probable caso de confirmarse el desacato a la orden judicial, no sólo Ríos Piter tendría responsabilidad penal, sino también el patronato al que responde, la junta de asistencia privada que nombró a esos patronos y, por encima de ella, la secretaria de Gobernación de Puebla, Ana Lucía Hill Mayoral, y el gobernador Miguel Barbosa.
Si a estos elementos tan intrincados se suma la disputa por el patrimonio de 750 millones de dólares de la Fundación Mary Street Jenkins, dentro del cual se encuentra la propiedad del campus de la UDLAP, el embrollo legal alcanza proporciones insospechables. En efecto, en lo que el Juzgado Tercero de Distrito entra al fondo y ofrece una sentencia en primera instancia, cabría rogar por que un cuerpo colegiado de la propia universidad gestionara el patrimonio, las tareas de investigación y el programa docente.
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