Érik fue detenido en una gasolinera en avenida Canal de Apatlaco; una hora después fue detenida Verónica, cerca de su casa, en la colonia Obrera de la capital, en 2011. Siete hombres vestidos de civil pero que portaban armas largas, la encañonaron, la esposaron y la subieron a un automóvil sin placas oficiales.
Casi 24 horas después de su detención, fueron presentados ante un Agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la entonces PGR, donde rindieron su declaración sin presencia de un abogado e inculpándose por los delitos. Tras la detención, la autoridad exhibió ante medios de comunicación a los hermanos Razo y aseguró que eran unos “peligrosos delincuentes”.
Ante esta situación, el Instituto Federal de Defensoría Pública, creada por mandato del Ministro Presidente Arturo Zaldívar, pidió el cese de la medida cautelar de la prisión preventiva para ambos casos a fin de sustentar dicha petición, se ofrecieron pruebas documentales y testimonios para acreditar que los usuarios no representan riesgo de evadirse del proceso legal.
El año pasado, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU emitió en su opinión 14/2021 que: “Los señores Razo Casales han sido discriminados, atacados, humillados, maltratados, continuamente revictimizados y mantenidos en una situación de indefensión, todo lo que les ha provocado un profundo quebrantamiento en su personalidad, su identidad emocional y su salud mental”.
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