fue este lunes el escenario de un procedimiento inédito para reclamar una indemnización de 1.000 millones de dólares a tres de los mayores grupos químicos mundiales por los daños causados por uno de sus pesticidas a cientos de campesinos nicaragüenses., se encargaron de defender los intereses de 1.
Esas sentencias consideraban demostrado que las tres empresas vendieron ese producto en el país centroamericano a pesar de que había sido prohibido en Estados Unidos desde 1977 por los efectos dañinos que causaba en quienes lo utilizaban, en particular para los bananeros. Efectos entre los que estaban cánceres de próstata y de hígado, así como problemas neurológicos que daban lugar a ceguera e infertilidad.
Los jueces estadounidenses no estimaron dignos de confianza los dictámenes de los tribunales nicaragüenses, de los que sospechaban haberse dejado arrastrar por prácticas de corrupción que el abogado Sur cuestionó, en declaraciones a Le Figaro. "¿Corrompidos por quién? Las víctimas están todas muertas y no tenían un centavo.
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