Protesta de familiares fallecidos en la planta de tratamiento de aguas residuales en el Congreso del Estado de Guanajuato.El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León debe indemnizar a las familias de los cinco trabajadores que murieron intoxicados en la planta de tratamiento de aguas residuales, advirtió la alcaldesa, Alejandra Gutiérrez Campos.
La familia denunció que la planta estaba en malas condiciones, que los trabajadores no habían sido capacitados y que no tenían equipo de seguridad. La creación de una comisión investigadora es un tema más político o de lucimiento más que un asunto de resultados, consideró la presidenta municipal. El presidente del Consejo de SAPAL, Jorge Ramírez Hernández; y el director del organismo, Enrique de Haro Maldonado, se han negado a indemnizar a las familias, pero pagaron más de 1.2 millones de pesos al despacho del abogado Juan Carlos Peña —ex candidato a síndico por Movimiento Ciudadano— para litigar las demandas.
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