De 2019 a 2021 las dependencias federales y empresas productivas del Estado han incurrido en probables daños al erario por 77 mil 244 millones 152 mil 400 pesos. Destacan pagos en exceso y contratos a sobrecosto en las obras insignia de Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
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De los 77 mil 244 millones de pesos que han sido observados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha reportado en sus informes consolidados la recuperación de mil 987 millones 882 mil 100 pesos, lo que equivale a apenas 2.57% del total.
En febrero de 2021, la ASF reportó observaciones al gasto federal por más de 77 mil 224 millones de pesos de la Cuenta Pública desde 2019.
Entre las presuntas irregularidades, documentó que durante la implementación del programa emergente de abasto de combustibles el gobierno federal provocó posibles daños al erario por más de mil 653 millones de pesos, derivado de la adquisición opaca de autotanques en su lucha contra el robo de combustible.
También ubicó compras fantasma, inventarios de productos que sólo existen en papel y tratos con empresas irregulares en Segalmex; faltantes en granos de maíz y frijol y productos faltantes de la canasta básica en Diconsa; pagos en exceso, presunta entrega de apoyo a jornaleros no inscritos en el Registro Nacional de Productores en Liconsa, así como pagos dobles en la contratación de los servidores de la nación, entre otras cosas.
En esa misma fiscalización, la Auditoría Superior advirtió que en el proyecto de construcción de la refinería de Dos Bocas, Pemex inició los trabajos “sin concluir los análisis de rentabilidad” y que además se basó en proyecciones financieras poco razonables y actualmente no está refinando la cantidad prometida.
Sobre el AIFA, desde el análisis a la Cuenta Pública 2019, se detalló que la viabilidad del proyecto dependería de su conectividad con la capital, de los tiempos de traslado y de su uso por parte de las aerolíneas. Señaló que derivado de esos motivos “la probabilidad de que no se logre redireccionar la demanda de servicios hacia el AIFA es alta”.
Para el año siguiente, en febrero de 2022, cuando la ASF publicó la fiscalización a la Cuenta Pública 2020 observó a la Federación por más de 21 mil 587 millones.
El modus operandi en varias dependencias se replicó. La Secretaría de Agricultura fue la más observada, con probables daños al erario por más de 9 mil millones de pesos.
De ese total, Diconsa recibió observaciones por más de mil 413 millones, principalmente por falta de inventario, faltante de granos de maíz y productos cárnicos caducos o en mal estado. Le siguió Liconsa con posibles daños al erario por más de mil 583 millones de pesos, entre otras cosas, por la presunta realización de pagos a proveedores sin contar con la documentación comprobatoria, por no poder justificar la compra de leche fresca, así como contratos irregulares para la adquisición y suministro de materiales de envase y empaque, entre otras irregularidades.
La más observada de la Secretaría de Agricultura fue la empresa denominada Gestión Financiera Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que provocó un presunto daño al erario por más de 5 mil 640 millones de pesos por faltantes de maíz y frijol, por no proporcionar evidencia de la existencia física en los almacenes de las compras de productos de la canasta básica, por salidas de efectivo no identificadas, pedidos de bienes que nunca se recibieron y pagos por servicios realizados fuera de la vigencia, entre otros.
En el mismo año, durante la pandemia, la Secretaría de Salud (Ssa) fue observada por más de 2 mil 750 millones de pesos, entre otros temas, porque se identificaron pagos a personal que no trabajaba en hospitales no Covid; además de que no se entregaron 650 ventiladores mecánicos y más de un millón de mascarillas KN95. Adicionalmente, la Auditoría Superior detectó que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no distribuyó a las dependencias de la administración pública federal y a los servicios de salud un total de 8 millones 369 mil 670 insumos, como batas, mascarillas y guantes, además de que no tuvo control en la distribución de estos.
De las irregularidades encontradas en las obras insignia del Presidente durante la revisión a la Cuenta Pública 2020, destaca la construcción del AIFA, puesto que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no reportó el uso de 20 mil millones de pesos del fideicomiso con el que pagaba la obra; en Dos Bocas, el máximo órgano fiscalizador detectó un monto de 59.2 millones de pesos en pagos indebidos a trabajadores, pagos en exceso por desmontaje de selva y contratos por adjudicación directa; mientras que en el caso del Tren Maya, las anomalías ascendieron a mil 300 millones por sobrecostos, gastos no reportados e indemnizaciones sin justificación.
La semana pasada, el 20 de febrero, la Auditoría Superior reportó que las dependencias federales y empresas productivas del Estado generaron probables daños al erario por más de 11 mil 51 millones de pesos.
Una vez más, la Sader fue la más observada al comprobarse malos manejos financieros, contratos que no fueron cumplidos y productos inexistentes en Liconsa, mercancías caducadas en Diconsa, pérdida de varias toneladas de maíz en Segalmex, y hasta la presunta entrega de subsidios a mil 459 productores, de quienes se comprobó que fallecieron entre 2015 y 2021.
Sobre el Tren Maya, la ASF determinó que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) incurrió en pagos excesivos y obras no ejecutadas, así como irregularidades en la construcción de diversos tramos en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
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Pemex volvió a incurrir en pagos en exceso y penas convencionales que no fueron aplicadas a contratistas que no cumplieron con lo estipulado en la edificación de la refinería de Dos Bocas; mientras que en la fiscalización al AIFA se determinaron pagos fantasma en la presunta adquisición de pintura, de la que no hubo evidencia de que se aplicara.
Finalmente, se observó a la Secretaría de Bienestar por 215 millones de pesos por el pago de la pensión de adultos mayores y para personas con discapacidad a beneficiarios fallecidos e irregularidades en los apoyos del programa Sembrando Vida.
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