La renovación del Constitucional, varada por el rechazo de los conservadores a aceptar al candidato progresista

para renovar el Tribunal Constitucional lleva dos semanas encallada en el mismo punto: los conservadores exigen un “cambio de metodología” que pasa por que cada grupo proponga a varios candidatos en vez de a uno solo y los progresistas rechazan aceptar esta condición, que es vista como un veto indirecto a su aspirante oficial,.

Los vocales elegidos por el PP no explicitan ni en público ni en privado su rechazo al candidato del otro bloque, pero tampoco esconden que no les gusta y su exigencia de evaluar varios nombres antes de acordar el definitivo surgió cuando los progresistas comunicaron el nombre de su candidato.

Los vocales propuestos por el PP aseguran que su primera intención sigue siendo un pacto global, pero exigen que sea con varios candidatos de cada sector sobre la mesa. Ellos han propuesto una lista de seis —Pablo Llarena, Julián Sánchez Melgar y Vicente Magro , César Tolosa, Inés Huerta y Diego Córdoba —, pero aseguran que están dispuestos a reducirlos al número que acuerden los dos grupos siempre que sea más de uno.

Si se llega sin pacto al día 22 se abren escenarios. Uno es que ambos bloques renuncien a votar, lo que dejaría los nombramientos del CGPJ sin hacer y, previsiblemente, obligaría al Constitucional a pronunciarse sobre los dos magistrados designados por el Gobierno para formar parte del tribunal,, y decidir si le da o no el plácet.

Pero los vocales propuestos por el PP insisten en que se votará e insinúan que, si no hay acuerdo antes, intentarán que alguno de los vocales progresistas, ante la disyuntiva de dejar los nombramientos sin hacer o votar a otro magistrado aunque no fuera el elegido como primera opción de este grupo, acabe cediendo.

Lo esperado, ninguna novedad

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