Intel gana su apelación contra la multa de 1.060 millones de euros que la Comisión Europea le impuso en 2009 por supuestas prácticas anticompetitivas en el mercado de los microprocesadores.
El Ejecutivo comunitario, que llevó a cabo una investigación durante casi 10 años, concluyó que ambas prácticas eran contrarias a la competencia y acusó a la compañía de contribuir con ello a reducir la oferta para los consumidores y los incentivos a la innovación. Ahora, en la nueva sentencia, el Tribunal General de la UE, con sede en Luxemburgo, recoge los argumentos de la primera sentencia que sí daban por acreditada la existencia de los descuentos controvertidos, pero considera que la Comisión"no ha demostrado de modo jurídicamente suficiente la capacidad de cada uno de los descuentos controvertidos para producir un efecto de expulsión del mercado".
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